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La Plataforma por Andalucía Oriental defiende una fórmula administrativa que ahorraría 50 millones de euros al año

31/05/2010 | por Javier | Categoría: Notas de prensa, Portada

La Plataforma por Andalucía Oriental defiende una fórmula administrativa que implica un ahorro anual de cincuenta millones de euros.

Este es el ahorro que experimentaríamos almerienses, granadinos y jienenses con una nueva comunidad autónoma para Andalucía Oriental que suprimiese parlamentarios en Sevilla y las delegaciones provinciales del gobierno regional.



Una nueva Comunidad Autónoma para reducir el gasto (Abril de 2010)

29/04/2010 | por Javier | Categoría: Actualidad, Notas de prensa


Según la Plataforma por Andalucía Oriental, asociación que promueve una comunidad autónoma para las provincias orientales de Andalucía, es posible una reducción en el gasto público mayor que la que ha propuesto el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

Para ello nos basamos en el modelo que proponían las Bases para la Elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía Oriental publicadas en 1924: una organización autonómica para la Región de Andalucía Oriental basada en una mancomunidad de diputaciones provinciales. En este sistema los diputados provinciales compondrían el parlamento autonómico. Además los mismos diputados provinciales gestionarían la administración de la Junta en las provincias (actuales delegado del Gobierno andaluz y delegados de consejerías). Con lo cual sería considerable el ahorro en representación, dietas, sueldos, asesores, etc.
(…)



Granada siempre pierde con la financiación autonómica

8/09/2008 | por NacHo | Categoría: Actualidad, Agravios

En estos días de arduos debates sobre la financiación autonómica se pone de manifiesto que las regiones españolas exigen diferentes criterios para adecuar el reparto de los presupuestos de acuerdo con sus necesidades particulares. El criterio defendido por Cataluña establece que una región ha de recibir financiación proporcionalmente a su productividad. Según este criterio las comunidades más ricas recibirían más dinero, rompiendo con el principio de solidaridad y de desarrollo equilibrado de todos los territorios de España.