ALEGACIONES AL DOCUMENTO URBANÍSTICO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MENGÍBAR, APROBADA EN PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2010.

Nuestra Asociación formula las siguientes alegaciones:

El documento que dispondrá la ordenación urbana de la localidad de Mengíbar, a juicio de la Plataforma por Andalucía Oriental, ha sido configurado sin tener en cuenta las necesidades presentes y futuras de comunicaciones y transporte por vía aérea, tanto de la comarca en la que se sitúa Mengíbar como de toda la provincia de Jaén.

En el avance del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Mengíbar no se han contemplado terrenos para un aeropuerto, así como en la reciente revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Jaén. Nos sorprende que el actual equipo de gobierno municipal de Jaén no atendiese las alegaciones presentadas por nuestra Asociación en el sentido de reservar terrenos para el aeropuerto, infravalorando los aspectos positivos de contar con conexiones aéreas, tanto para pasajeros como para mercancías, todo ello en connivencia con los gestores de la Excelentísima Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía. Llegado este punto, entendemos la privilegiada situación geoestratégica del municipio de Mengíbar, y el presente proceso de configuración de su Plan urbanístico, como una nueva oportunidad para sentar las bases que permitan dicha instalación aeroportuaria en la provincia de Jaén.

La Plataforma por Andalucía Oriental no pretende determinar la localización concreta en el término municipal de Mengíbar más adecuada para la ubicación del aeropuerto, asunto que compete a los especialistas en la materia, pero abogamos porque se sitúe lo más cercano posible a la futura línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Jaén, para permitir ubicar una parada de tren en el aeropuerto, ya sea modificando el actual proyecto o mediante un nuevo proyecto. Entendemos esta dotación como muy interesante para Mengíbar y necesaria para toda la provincia de Jaén, no sólo por la cifra de población que se beneficiaría por su cercanía a dicha instalación -habida cuenta de que son muchos los aeropuertos en España que dan servicio directo a menos población que en este caso- sino además por los servicios que prestaría al sector turístico de toda la provincia, con capacidad no explotada lo suficiente, al sector industrial, e incluso al sector del aceite de oliva dado el potencial exportador de la provincia de Jaén.

Consideramos que el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén no satisface en la medida suficiente las necesidades de la provincia de Jaén, especialmente en sus comarcas más al norte y al este, pero sin embargo sería beneficiario, en forma de simbiosis, de un nuevo aeropuerto en la provincia de Jaén siempre y cuando sus terminales estén conectadas de forma eficiente a las principales redes de transporte y comunicaciones.

El primer paso para la construcción y puesta en servicio de un aeropuerto en la provincia de Jaén es la existencia de suelo disponible para tal fin. Sobre esa premisa las administraciones superiores decidirían si Mengíbar, y los terrenos señalados con ese uso, son aptos para el mismo. En consecuencia es fundamental que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mengíbar contemple este apartado básico.

Por lo tanto, la Plataforma por Andalucía Oriental propone a la Corporación municipal del Ayuntamiento de Mengíbar la inclusión, en el futuro documento del Plan General de Ordenación Urbanística de Mengíbar, de terrenos destinados a la mencionada dotación aeroportuaria.

ALEGACIONES AL DOCUMENTO URBANÍSTICO DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JAÉN, APROBADA EN PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2009.

Nuestra Asociación formula las siguientes alegaciones:

El documento que dispondrá la ordenación urbana de la ciudad de Jaén, a juicio de la Plataforma por Andalucía Oriental, ha sido configurado sin tener en cuenta las necesidades presentes y futuras de comunicaciones y transporte por vía aérea, tanto de la ciudad de Jaén como de toda su provincia.

No entendemos el motivo por el cual los anteriores gobernantes del Ayuntamiento de Jaén retiraron del avance del PGOU este posible uso, contemplado en principio por ellos, además habiéndolo reivindicado su compañero Alfonso Sánchez Herrera como alcalde de Jaén desde 1995. Nos sorprende asimismo que el actual equipo de gobierno municipal, supuestamente con distinta estrategia política, infravalore los aspectos positivos de contar en Jaén con conexiones aéreas, tanto para pasajeros como para mercancías, todo ello en connivencia con los gestores de la Excelentísima Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía.

Nuestra Asociación no pretende determinar la localización concreta en el término municipal de Jaén más adecuada para la ubicación del aeropuerto, asunto que compete a los especialistas en la materia, pero abogamos porque se sitúe lo más cercano posible a la futura línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Jaén, para permitir ubicar una parada de tren en el aeropuerto, ya sea modificando el actual proyecto o mediante un nuevo proyecto. Esta dotación es necesaria para la ciudad y para el resto de la provincia de Jaén, no sólo por la cifra de población que se beneficiaría por su cercanía a dicha instalación -habida cuenta de que son muchos los aeropuertos en España que dan servicio directo a menos población que en este caso- sino además por los servicios que prestaría al sector turístico de toda la provincia, con capacidad no explotada lo suficiente, al sector industrial, e incluso al sector del aceite de oliva dado el potencial exportador de la provincia de Jaén.

Consideramos que el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén no satisface en la medida suficiente las necesidades de la provincia de Jaén, especialmente en sus comarcas más al norte y al este, pero sin embargo sería beneficiario, en forma de simbiosis, de un nuevo aeropuerto en la provincia de Jaén siempre y cuando sus terminales estén conectadas de forma eficiente a las principales redes de transporte y comunicaciones.

Entendemos que el primer paso para la construcción y puesta en servicio de un aeropuerto en Jaén es la existencia de suelo disponible para tal fin. Sobre esa premisa las administraciones superiores decidirían si Jaén capital, y los terrenos señalados con ese uso, son aptos para el mismo. En consecuencia es fundamental que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Jaén contemple este apartado básico.

Por lo tanto, la Plataforma por Andalucía Oriental propone a la Corporación municipal del Ayuntamiento de Jaén la inclusión, en el documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Jaén, de terrenos destinados a la mencionada dotación aeroportuaria.

Un año más la Plataforma por Andalucía Oriental estará presente mediante asociados y simpatizantes en los actos de la Toma de Granada que se celebrarán este sábado 2 de Enero. Aprovecharemos además para tomar contacto con la gente y repartir información. Es importante indicar que la P.A.O. apoya la celebración de la Toma en su forma tradicional, rechazando por tanto que se incluyan referencias a Andalucía y que suene su himno, por ser elementos históricos y políticos muy posteriores a dicha efeméride.

A pesar de que nuestra asociación no guarda relación política ni ideológica alguna con ciertos grupos extremistas que acudirán al acto, una vez más es probable que los medios confundan nuestra presencia junto a dichos colectivos, algo que rechazamos y que pedimos que no se siga repitiendo.

Para comentar tu asistencia o tener más información entra aquí (sólo usuarios registrados): http://www.andaluciaoriental.org/foro/index.php?topic=4174

Esta Ley viene a confirmar que en Andalucía se ha construido un centralismo asfixiante, insostenible y generador de importantes desigualdades que era necesario aliviar. Es justo reconocer que la descentralización que propugna sobre una escala local constituye una demanda histórica de los ayuntamientos. Sin embargo no resuelve la necesaria descentralización a escala provincial y regional.

En primer lugar, dar más autonomía económica a los ayuntamientos no implica que paralelamente se restituyan competencias sustraídas a las Diputaciones Provinciales, centralizadas en Sevilla por la Ley autonómica 11/1987. En este punto conviene recordar el artículo 4.4 del primer Estatuto de Autonomía, que indicaba que la Comunidad Autónoma articularía la gestión de sus servicios periféricos a través de las Diputaciones Provinciales, pero que fue sistemáticamente incumplido y finalmente eliminado del Estatuto actual. En cambio se prevé un mayor peso de las Delegaciones Provinciales, auténticas ramificaciones del poder central de la Junta. Por tanto, las competencias sobre Economía, Industria, Comercio, Agricultura, Carreteras, Vivienda, Servicios Sociales, etc, seguirán estando sometidas al centralismo de la comunidad autónoma, aplicándose los criterios que más interesen al centro de decisión autonómica, que no necesariamente han de coincidir con los intereses de cada provincia.

En segundo lugar, descentralizar a escala regional implica ejercer el derecho constitucional que tienen las provincias de Andalucía Oriental de acceder a su propia autonomía por razones históricas y de lógica administrativa. Así, la nueva comunidad autónoma fruto de esa descentralización regional podrá realmente autogobernarse y adoptar las políticas que más convengan a nuestros intereses comunes, sin que tengan que pasar por el filtro de las necesidades de la actual capital autonómica. Ejemplo de ello es que las inversiones provenientes desde Bruselas se han gastado principalmente en Sevilla y alrededores. Si Andalucía Oriental fuese región autónoma no dejaría de ser objetivo uno en Europa por las claras necesidades en infraestructuras que tenemos, sobre todo ferroviarias. Esto supondría que seguiríamos avanzando gracias a nuestra autonomía, sin la cual nos quedaremos estancados en la periferia sevillana, aportando fondos a los demás países recién integrados, concretamente a sus regiones objetivo uno, como si nosotros hubiéramos dejado de serlo.

Bienvenida sea por tanto la Ley de descentralización a escala local, pero sigue pendiente el proceso a escala provincial y regional. Ya que esta Ley pretende lograr un equilibrio territorial, la Plataforma por Andalucía Oriental aboga por abrir un debate social acerca de lo que está significando la comunidad autónoma andaluza para Andalucía Oriental y cuál es el modelo territorial que conviene a esta zona de España.

Ayuntamiento de Jaén

Extracto de una intervención de “elchirimoyo” en nuestro foro:

El papel de las diputaciones y sus competencias ya está claramente definido en la Constitución en el título VIII (Organización Territorial del Estado) artículos 140 a 142:

Artículo 140.
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.
1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142.

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En concreto, el artículo 142 lo desarrolla la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 BOE 80 3 de abril de 1985) y en concreto el artículo 25 que establece entre otras las competencias en seguridad en lugares públicos, ordenación de tráfico… entre otros para el municipio, como ya sabemos todos, para la provincias en concreto (órganos de gobierno las diputaciones) son competencias las delegadas por el Estado y las “CCAA” (este fue el principio de la mentira de Andalucía que prometió delegar sus competencias en las diputaciones para realizar los servicios), coordinación intermunicipal, asistencia jurídica a municipios menores, prestación de servicios de carácter supracomarcal (carreteras comarcales), fomento de intereses provinciales, coordinación con las CCAA en planes provinciales. El artículo 37 establece además que las CCAA y el Estado pueden delegar en ellas, ¿alguien me da un ejemplo de lo primero en 39 años? Además la ley obliga a la creación de órganos de coordinación entre las CCAA, los entes locales y el Estado para evitar descoordinación administrativa y duplicidades con lo que a final resulta que la CCAA ejerce el papel de coordinador y se mete también en la operativa de una institución que no le corresponde.  La otra gran clave de esta Ley es al referente a las Haciendas Locales y de dónde vienen sus recursos. En concreto, el artículo 105 establece que se nutre de impuestos propios (vehículos, IBI, etc., los ayuntamientos), y la participación en los presupuestos generales del estado y en los presupuestos de las CCAA, por tanto, técnicamente Andalucía sufraga a las provincias y su mayoría al contrario del modelo vasco en el que son la diputaciones las que pagan a la CCAA, luego no el sistema no hace más que ratificar el régimen de dependencia de una institución sobre la otra. Por tanto el principio de autonomía fiscal que se establece en los artículos 105 y 106 se desploma él solo. La disposición adicional segunda (y posteriores) de esta Ley atribuye un régimen distinto a las corporaciones de los territorios históricos de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, agencias tributarias propias, régimen de recaudación y transferencia de recursos a la CCAA, etc. etc., (¡toma ya!), ¿y nosotros, no éramos históricos?

Queda claro entonces que lo que dijera el proyecto de estatuto de autonomía en un principio era un brindis al sol, un engañabobos más para camelarse la aprobación y adhesión de las diputaciones al proyecto autonómico ya que de ellas podía partir sólo la iniciativa. Pasado el tiempo, “donde dije Digo, digo Diego”, es más, estudiad si queréis las siguiente norma: Ley 11/1987 de relaciones entre la CCAA y los provincias publicada en el BOJA 155 de 30/12/1987 que aparte de reconocer principios citados en la Ley de Bases antes citada (coordinación, descentralización, desconcentración, colaboración, etc.) esta nueva Ley deja varias joyas a considerar: Artículo 4 en la que la CCAA se auto atribuye, previa consulta a las diputaciones,  la capacidad de fijar las directrices de coordinación de competencias en materias de “interés general para la CCAA” (¡toma, toma, pastillas de goma!) El artículo 5 reconoce las competencias propias de la Ley de Bases pero ni una más. Artículo 7, vuelta a la auto atribución en la CCAA la competencias de coordinación en planes provinciales de interés general para la CCAA. El capítulo IV del título I habla enteramente de la delegación de competencias en las diputaciones, básicamente atribuciones a nivel menor en materia de cultura (bibliotecas para municipios menores a 20.000 habitantes), deportes (instalaciones deportivas de este tipo de municipios) y turismo (fiestas de interés local o provincial) y todo siempre cumpliendo lo que estipule la ley autonómica que rija esas competencias. Vosotros podéis entrar a valorar qué es lo que las diputaciones pueden hacer realmente. Más interesante aun, el título II de esta ley rige la asunción de la CCAA de competencias propias de las Diputaciones. El artículo 25 establece que todas las competencias que hasta el recibo de la presente venían ejerciendo las Diputaciones y que a lo largo de este título II se relacionan pasan de ipso facto a la CCAA sin perjuicio de la delegación administrativa que se pueda habilitar a favor de las Diputaciones y respetando las competencias propias de las Diputaciones listadas en el título III o disposiciones posteriores. En relación con esto, artículo 26 (Economía, Industria, Comercio, Agricultura, Ganadería, Pesca, Carreteras, Vivienda, Salud y Servicios Sociales); artículo 27 (correspondiente traspaso de recursos, medios, personal, etc., asociado a esas competencias a la CCAA); y además, para más chiste, el artículo 28 dice que el traspaso de estas competencias no puede suponer en este caso una concentración territorial de la gestión de dichos servicios, ¿cómo se come esto? El título III desarrolla la delegación de competencias, es decir el cumplimiento estricto que las diputaciones tienen que hacer de las directrices de la CCAA y de cómo la CCAA puede revocar esa delegación. Del capítulo II de este título, para nuestro interés, la CCAA delega en la Diputaciones la competencia en la red de carreteras provincial o comunitaria que no sea de interés general (A92, etc.) y servicios sociales comunitarios que se presten en pequeños municipios (¿alguien sabría decir si esto es verdad o suplen ese papel los funcionarios de la CCAA?) En las disposiciones de adicionales de esta ley la CCAA establece por supuesto el sistema de financiación de estas supuestas competencias que asumiría las diputaciones en nombre de la CCAA (más dependencia económica y menos capacidad de actuación)

Por tanto, que os quede claro que tan solo tres o cuatro años después de la aprobación del citado estatuto, y con el consentimiento y aprobación, como no, de los representantes del PSOE local en el parlamento, la Justa de Andalucía oficializa e institucionaliza lo que ya se ve que es su programa de gobierno, a saber, asume ya por completo las anteriores competencias que desarrollaban la Diputaciones (¿dónde queda entonces la milonga que contaron de apoyarse en las Diputaciones para la prestación de sus servicios?) y no desarrolla para nada ningún régimen de delegación administrativa significativo que aumente o como mínima no disminuya el peso específico de la administración en cada una de las provincias. ¿Dónde quedan tantos propósitos para con nuestras provincias, si no tardan ni un par de años en desmantelar progresivamente la administración en estas provincias, centralizar los organismos de dirección, no reponer en la medida de lo posible la pérdida de peso en las provincias a través de un sistema más racional de delegaciones provinciales de la Justa y un sin fin más de agravios? Repito, y todo esto con el consentimiento una vez más de nuestra clase política.

A la pregunta: ¿Quién garantiza la buena gestión de los ayuntamientos?, habría que añadir esta otra: ¿Y la del Estado? El Estado no es en absoluto modelo de buena administración, pues gasta, dilapida y vive en continuo déficit. Tiene una administración auténticamente caótica, de todos sus contratos con los interesados suele ser juez y parte a la vez. Es el león tópico de la fábula milenaria. ¿Es posible que a estas alturas aún queramos que siga siendo tutor de provincias y municipios quien tanto necesita de custodios y guardadores? La única garantía de la gestión del Estado y de los intereses municipales y provinciales (añadiendo ahora las comunidades autónomas) no puede ser otra que el pueblo.

Las actuales provincias son segregaciones arbitrarias concebidas por el Estado unitario del Antiguo Régimen. Convendría recordar que fue por Decreto gubernamental (¡qué atrocidad jurídica!) como se aprobó allá por 1833 la definitiva división provincial, la cual debemos a un burócrata de Motril. Para ello se parte de los antiguos reinos, alguno de los cuales, caso de Navarra y el País Vasco, conservan intactos sus antiguos amojonamientos.

En la Segunda República se intentó suprimir la provincia como entidad territorial, pero la enmienda se rechazó y la provincia volvió a salir victoriosa y aceptada por toda la nación.

Con nuestro actual Texto Constitucional se crea un nuevo nivel administrativo-territorial: la comunidad autónoma. Pero la norma suprema no fija criterios materiales para esta nueva división territorial. La única razón evidente para su génesis es la historicista, y consecuencia de este criterio totalmente insuficiente y flaco, marginando los aspectos geográficos, demográficos y demás, es el actual mapa político de las autonomías, auténtico ejemplo de desequilibrio desde la perspectiva del territorio, el número de habitantes y su economía.

La falta de uniformidad y buen criterio, acompañado de la ignorancia o falta de conciencia política de algunas comunidades (como es el caso de Murcia, La Rioja, Madrid, Andalucía…), ha hecho posible que ese desequilibrio provincial de que hablamos, en lo que puede suponer de perjuicio para muchos municipios integrantes de la entidad provincial, campe por sus fueros dieciochescos y afrancesados, pues nunca debemos olvidar que la corporación provincial española lleva el sello departamental francés. Asimismo debemos recordar que los municipios fueron las primeras sociedades eminentemente políticas y que antes de constituirse lo que hoy llamamos y consideramos nación española, formaron parte de reducidas entidades que tomaron el nombre de provincias.

El municipio, esto que nadie lo dude, es la entidad política por antonomasia. En él llegamos a este mundo, en él nos desenvolvemos como ciudadanos, en él nos formamos, nos socializamos, nos debatimos la vida, en él algún día nos darán sepultura y, por lo tanto, a él pertenecemos. En ninguna otra célula social nos sentimos tan unidos con los demás. Ni por la nación, ni por la región, ni por la provincia estamos dispuestos a contraer los mayores compromisos como por nuestro municipio. Los ingleses saben esto muy bien. Que alguien me diga si en el gobierno del municipio no miramos siempre con enojo y desconfianza la ingerencia de autoridades extrañas y faltas de ánimo, o lo que es lo mismo, esos visitantes ocasionales que hacen las veces de alcaldes de verano y que tanto abundan por estas fechas vacacionales.

Es cierto que con la caracterización del municipio como entidad local básica continuamos rindiendo tributo a aquel concepto naturalista que siempre ha estado presente en nuestra legislación administrativa. Si los municipios son algo natural por esencia, cualquier mínima reforma de su estructura deviene un grave atentado al orden pre-establecido, de lo que se deriva una actitud de respeto, que toca en lo sagrado, a los municipios existentes y a la división territorial que les sirve de soporte, frenando, por tanto, cualquier intento de reestructuración de la administración local. Pero… ¿cómo podrá ser eso si hasta las fronteras de los países más serios están en perpétuo cambio? Y es un hecho que ese incesante fluir heraclíteo es la única realidad, querámoslo o no reconocer.

Con todo lo expuesto hasta este punto es fácil entender cómo esa mota en el mango de la sartén granadina llamada Puebla D. Fadrique (y otras muchas más desperdigadas por toda la piel de toro) ha sido víctima, en este proceso de creación territorial, de la mala reflexión, de la falta de tacto político y de la pura arbitrariedad de los gobernantes pasados y actuales, a los cuales parece habérseles agotado el pensamiento político crítico (quiero decir,creativo), pues no en vano al vecino de Puebla D. Fadrique de siempre le ha sido más fácil, cómodo y natural contactar con las autoridades territoriales de la provincia-región de Murcia que con las de Granada o Andalucía. En los aspectos geográfico, económico y cultural se simpatiza más con la tierra del pimiento que con la del chavico. ¿Es pedir este derecho a la identidad territorial, establecido por la Constitución en su artículo 141.1, poner el grito en el cielo e intentar sembrar un pánico político? No lo creo así. En cuestiones de religión y de política todo lo novedoso parece malo a simple vista, todo cambio produce temor. Sin embargo, ese pánico cesa, no a medida que se ocultan los principios, sino a medida que los vamos comprendiendo y haciéndolos nuestros.

Félix Rodriguez Romero
ABOGADO

Siempre me ha llamado la atención todo lo relacionado con la cultura judía, pero la verdad es que nunca pensé que la huella la pudiéramos tener tan cerca. Cuando empecé mi paseo por el antiguo barrio de Santa Cruz, entrando por la escalera de la calle Millán de Priego, comencé a ver las fuentes y el monumento de las huellas de los que por aquí un día pasaron; mi sorpresa fue mayúscula y mi cabeza empezó a recordar muchas de las informaciones que mi amigo Rafa Cámara, presidente de la Asociación Iuventa, ha venido dando en los distintos medios de comunicación, y mi imaginación comenzó a retrasarse en el tiempo hasta imaginar cómo sería este barrio cuando por su calles andaba Ibn Shaprut, ilustre ciudadano judío de Jaén, que llegó a ser Consejero y Primer Ministro de Abderramán III y se encargaba de recibir a los embajadores extranjeros.

Son muchos los esfuerzos que se han hecho para que Jaén se incluya en la red de juderías; pero un patrimonio de tan relevante importancia como éste no puede quedar olvidado en unos pocos folletos o páginas web de la red de juderías; se tiene que dar un paso más y estamos en el momento crucial, que es la declaración de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad, pues esa declaración no puede quedarse sólo en la Catedral, sino que hay que aprovechar el tirón y en esa declaración tiene que entrar todo su entorno, porque en su día esta ciudad tendrá que ofertar como atractivo turístico la Catedral Patrimonio de la humanidad y los turistas que hasta aquí lleguen no pueden pasar de largo de este entorno.

Sin ser un experto en la cultura judía, aunque amante de ella, me cautivó el paso por la calle Almendros Aguilar en busca del arco de San Lorenzo, divisar a la altura de la calle Montero Moya una de la majestuosas torres de nuestra Catedral, entre los callejones y las casas encaladas.

Esto no puede esperar; se tiene que trabajar todos en una misma dirección para que nuestra judería más pronto que tarde sea declarada patrimonio de la humanidad, dejando así de ser una judería olvidada, para que la labor que en su día inicio mi amigo Rafa Cámara se vea recompensada de alguna manera con el gran reconocimiento de todo el mundo a este bonito rincón de la capital del Santo Reino, en el que nacieron y vivieron importantes personajes de la cultura de Al-Andalus.

Rafael Civantos Cuesta

Ideal-Jaén, 14-11-2008

ENTRAMOS en la recta final de 2008 y los almerienses nos sentimos un año más engañados al contemplar que nuestros representantes políticos no han cumplido lo prometido. Una y otra vez, desde hace décadas, seguimos oyendo la cantinela del Soterramiento o de la finalización de la conexión Almería-Málaga por carretera o de inversiones para el AVE que nunca se hacen o la mejora de un casco histórico que sigue dando vergüenza, o la bella Estación de Ferrocarril que está incomprensiblemente cerrada y abandonada, o ese Cable Inglés que llevan años adecentando y todavía no han empezado Sirvan estos asuntos de ejemplo para darnos una idea del trabajo y la presión que vienen ejerciendo desde hace décadas los políticos que dicen representar a Almería. En estos días he leído en la prensa las quejas del alcalde en temas como el AVE o el Soterramiento (increíble que esta obra debatida desde los años ochenta no se haya ni empezado) y hace bien en expresar el clamor de su ciudad. Tiene toda la razón y es lo que debería haber hecho desde hace años y seguir haciendo hasta incluso ponerse al frente de los ciudadanos almerienses (despertándonos de nuestra tradicional pasividad) para aglutinar a la ciudad entera en manifestación multitudinaria. El alcalde lo es de todos los almerienses y, por esta razón, debe olvidar los intereses de su partido, para luchar por los del pueblo que es el soberano. Es verdad que la Junta de Andalucía tiene bastante olvidada a Almería como se puede observar en la ralentización de las obras que afectan a nuestra ciudad y que dependen del visto bueno de Sevilla o también en el retraso para dar luz verde al PGOU. Además, es cierto que la Administración Central, véase como exponente el caso del AVE, hace muy poco caso a las necesidades de la provincia. El PSOE debe presionar con fuerza tanto a Sevilla como a Madrid, hasta incluso llegar al enfrentamiento si hace falta porque, como hemos indicado en el caso del alcalde, los intereses de Almería son lo primero.

Los almerienses tenemos muy poca fe ya en la clase política porque han sido muchas las promesas realizadas y escasos los cumplimientos. Por otra parte, el tema del Tranvía también parece paralizado, el Palacio de Congresos tardará más de lo previsto debido al escaso entendimiento e incluso la cuestión del tan traído y llevado Corte Inglés da lugar a un enfrentamiento. La Junta de Andalucía, como hemos señalado, da la sensación de que la tiene tomada con Almería si hacemos una comparativa con otras ciudades de nuestra Comunidad. Algunos políticos almerienses no se entienden con los de Sevilla o viceversa y se dedican a torpedearse mutuamente. Ninguno de los dos grandes partidos está dispuesto a reconocer un éxito de su contrincante aunque produzca un beneficio a los intereses generales de Almería. Estos señores de la Junta o del Ayuntamiento antes, ahora y siempre, deben tener claro que las instituciones están por encima de las personas que circunstancialmente ocupan un determinado puesto y los ciudadanos, es decir, los que pagamos y sostenemos a tanto asesor y cargo representativo, hemos de ser escuchados y gobernados con espíritu de servicio y entrega. En fin, espero que esto cambie algún día, queridos lectores, porque a veces uno siente cierto hastío y desmoralización cuando mira a su alrededor. Ojalá que nuestros jóvenes sean capaces de construir una nueva sociedad, donde el valor de la honradez, del esfuerzo y de la búsqueda del bien común produzcan una auténtica transformación.

Pedro Mena Enciso

Ideal-Almería, 14-10-2008

¿Necesitamos ahora el argumento de la confrontación cuando durante la alcaldía de Moratalla no se desarrolló ni avanzó ninguno de los proyectos importantes para esta ciudad, y el tándem Moratalla-Junta sirvió para que el anterior alcalde se quedara callado y no luchara por nuestra ciudad? Es preferible llevarse mal para que algo salga adelante que el silencio cómplice de la cohabitación de dos iguales en el que uno calla. Los proyectos provinciales de competencia andaluza que no afectan al término municipal de Granada, ¿también es el Ayuntamiento de la ciudad el culpable cuando la mayoría de nuestros pueblos son gobernados por el partido socialista? No, que no nos confundan, la Junta no sabe qué argumentos buscar para no cumplir con nuestra tierra. Eso sí, algunas torpezas de nuestro actual Ayuntamiento, como el solar ‘diminuto’ donado para el Teatro de Ópera le dan vida y oxígeno a la Administración andaluza.

No nos engañen más, por favor. El tranvía-metro que nos hemos ‘tragado’ vale como ejemplo. Por cierto, ¿qué pasa con el cierre del anillo de circunvalación?, ¿dónde está el proyecto con plazos de ejecución y financiación que tiene que presentarnos claramente la Junta de Andalucía, después de desechar el túnel propuesto por García Royo? A muchos nos gustaría saber si detrás de los retrasos en las ampliaciones de obras de la Universidad y Campus de la Salud está la realidad financiera de la Junta; ¿o también es la alcaldía de distinto color la responsable de los retrasos?

Los granadinos no podemos olvidar que la financiación del mayor acontecimiento de nuestra historia cercana, el Mundial de Esquí de 1996, fue descontada durante muchos años en las inversiones provinciales de la Junta. En definitiva, fue un crédito, no hubo nada especial para Granada que financiara nuestra autonomía. Aunque lo más triste ha sido que nadie en Granada protestó. Recomendaría leer la web de la Plataforma por Andalucía Oriental (www.andaluciaoriental.org) para ver el listado de agravios con nuestra tierra y el oriente andaluz. Y lo mejor está por venir, con el desarrollo del nuevo Estatuto, los nuevos Organismos y Centros (algunos ya anunciados) que conllevará, multiplicarán las inversiones en la capital andaluza. Será la Segunda Descentralización, concepto, por desgracia, que será más cercano y real para los granadinos, jienenses y almerienses que la Segunda Modernización que nos prometieron y de la que tan poco hemos visto. La Segunda Descentralización la viviremos, seguro que sí.

Por cierto, El Milenio, lo poco que hagan, ¿tampoco dirán nada y luego dichos gastos serán descontados como el mundial de esquí? Pues sí, lo pueden hacer, nadie protestará como nadie ha protestado con el lapsus de la ubicación en Granada del Centro Andaluz de Danza. No, se equivocaron, dicho centro estaba cerca del Guadalquivir y nunca tuvo intenciones de salir de allí. Sobre los equipamientos culturales para la ciudad, qué duros son los silencios de algunas instituciones como la Universidad y la Diputación, aunque de ésta última no podamos esperar mucho. También en este tema el Ayuntamiento les ayuda, por ejemplo, vendiendo la Casa de Agreda donde muy bien tendríamos el Museo de la Ciudad.

La palabra clave no es confrontación, hay otras palabras mejores para el trato de la Junta con Granada: olvido, desprecio y mentira. ¿Qué rápido se aprovechan algunos para echarle la culpa al contrario de su incompetencia a la hora de cumplir con sus obligaciones con nuestra tierra!

José Ramón Jiménez Cuesta

Ideal-Granada, 27-9-2008