En esta plataforma entendemos que las Diputaciones son una administración más cercana y que conoce mejor los problemas y soluciones de nuestras provincias que la Junta de Andalucía. De ahí que defendamos una descentralización de la Junta, devolviendo a las Diputaciones las competencias que les fueron arrebatadas por la Ley 11/1987. Así, queremos recuperar el espíritu del primer estatuto de autonomía de Andalucía, cuyo artículo 4.4 decía que la administración periférica de la comunidad autónoma se articularía mediante las diputaciones; artículo sistemáticamente incumplido y eliminado del estatuto actual. De haberse cumplido, hoy en día no tendríamos que soportar con nuestros impuestos a las delegaciones de la Junta de Andalucía, porque su función se estaría llevando a cabo por las Diputaciones. Si bien cabe destacar que las Diputaciones Provinciales tienen la ventaja de la cercanía y de que se deben a los ciudadanos de sus propias provincias, al contrario que las Delegaciones, que son ramificaciones del poder central de la Junta de Andalucía.

En el actual escenario de crisis económica, entendemos que la estructura de la administración territorial debe ser lo más austera posible. Por eso, desde esta Plataforma pedimos a los nuevos miembros de nuestras instituciones provinciales que reclamen más competencias para aprovechar la infraestructura de las diputaciones, produciendo un adelgazamiento de la Junta de Andalucía tendente a eliminar las superfluas delegaciones, ayudando a la vez a evitar actitudes centralistas y acercando la administración a la ciudadanía.

Con los datos del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2010, el Parlamento andaluz cuesta casi 53 millones de euros a los ciudadanos de las ocho provincias. Prescindiendo de los 37 parlamentarios que nuestras tres provincias tienen en dicha cámara, derivada de la constitución en comunidad autónoma de las provincias orientales de Andalucía, se ahorrarían veinte millones de euros al año. Las funciones de los actuales parlamentarios serían ejercidas por los diputados de las diputaciones provinciales de Almería, Granada y Jaén, mediante el traspaso de competencias a las diputaciones, las cuales integrarían una Mancomunidad Regional que se encargaría sólo de asuntos que afecten a más de una provincia.

Además la Plataforma por Andalucía Oriental estima un ahorro adicional, de treinta millones de euros, como consecuencia de eliminar en cada una de nuestras provincias la Delegación provincial del Gobierno de la Junta y las delegaciones provinciales de las consejerías. Este ahorro deriva de los costes de mantener dichas delegaciones, es decir la parte anual del coste de construcción o compra y adaptación de los locales para las sedes, el coste de alquiler de las mismas en su caso, costes de mantenimiento e inversión en inmovilizado, sueldos de los delegados del Gobierno y de las consejerías, así como el coste que para las arcas públicas suponen los altos cargos, asesores y personal de confianza al servicio de las delegaciones provinciales.

Actualmente disfrutamos de un nivel tecnológico que permitiría que las diputaciones provinciales se hiciesen cargo de competencias que ahora desempeña la Junta sin apenas incrementar su coste. Según el modelo que propone nuestra Plataforma, los funcionarios actualmente adscritos a las delegaciones de la Junta de Andalucía pasarían a depender de las diputaciones provinciales y de los servicios centrales de la Mancomunidad Regional de Andalucía Oriental.

Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente, la Plataforma por Andalucía Oriental aboga por un ahorro adicional en la radiotelevisión autonómica -que en 2010 ha presupuestado 247 millones de euros-, la desaparición de la mayoría de empresas públicas, que no están controladas por la Cámara de Cuentas, y un mayor control público en las subvenciones, tanto a la hora de su concesión como para verificar el éxito de las mismas.

Por último hacemos una llamada de atención al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para que Almería, Granada y Jaén no sufran recortes en infraestructuras o en inversiones en bienes culturales ya que nuestras provincias, a diferencia de otras zonas, llevan padeciendo esta situación desde tiempos inmemoriales, lo cual las hace acreedoras a una mayor sensibilidad pública.

Para ello nos basamos en el modelo que proponían las Bases para la Elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía Oriental publicadas en 1924: una organización autonómica para la Región de Andalucía Oriental basada en una mancomunidad de diputaciones provinciales. En este sistema los diputados provinciales compondrían el parlamento autonómico. Además los mismos diputados provinciales gestionarían la administración de la Junta en las provincias (actuales delegado del Gobierno andaluz y delegados de consejerías). Con lo cual sería considerable el ahorro en representación, dietas, sueldos, asesores, etc.

Respecto a la supuesta descentralización que plantea el señor Griñán, rescatamos una propuesta adelantada a su tiempo ya que las citadas Bases se publicaron en el año 1924. Éstas propusieron que el gobierno de la comunidad autónoma tuviera carácter rotatorio, visitando todas las provincias de la región autónoma, sistema parecido al que ahora utiliza la Unión Europea. Las consejerías y demás órganos de poder estarían distribuidos equitativamente por la geografía de toda la región, beneficiando de esos puestos de trabajo y riqueza a todos por igual. Esas propuestas podrían llegar a convertirse algún día en el “acercamiento del poder al ciudadano”.

El primer Estatuto de autonomía para Andalucía proponía que las diputaciones articulasen la gestión de la comunidad autónoma en cada provincia, lo que habría evidenciado la diversidad de una autonomía que, a nuestro entender, nunca se tenía que haber constituido con las ocho provincias sino con “las de nuestra región”. En línea con la articulación provincial propuesta, se publicó una Ley autonómica de relaciones entre la comunidad autónoma y las provincias (11/1987). Ahí se quedaron las supuestas intenciones. Para evitar ese reconocimiento a las provincias se crearon las delegaciones provinciales, originando un centralismo semejante al que se pretendía destituir, con lo que se crearon muchos más cargos públicos y duplicidad de administraciones que llevarían a un aumento exponencial del gasto público.

De esta forma observamos cómo el nuevo Estatuto de autonomía para Andalucía de 2007 terminó de sentenciar a las provincias, dejándolas como espectadores del centralismo, que esta vez sí consiguió el reconocimiento de Sevilla como capital autonómica.

Nos resulta paradójico que lo que entró en vigor hace menos de tres años se está quedando más obsoleto que las Bases para la elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía Oriental, con más de ochenta años de antigüedad.