Para ello nos basamos en el modelo que proponían las Bases para la Elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía Oriental publicadas en 1924: una organización autonómica para la Región de Andalucía Oriental basada en una mancomunidad de diputaciones provinciales. En este sistema los diputados provinciales compondrían el parlamento autonómico. Además los mismos diputados provinciales gestionarían la administración de la Junta en las provincias (actuales delegado del Gobierno andaluz y delegados de consejerías). Con lo cual sería considerable el ahorro en representación, dietas, sueldos, asesores, etc.

Respecto a la supuesta descentralización que plantea el señor Griñán, rescatamos una propuesta adelantada a su tiempo ya que las citadas Bases se publicaron en el año 1924. Éstas propusieron que el gobierno de la comunidad autónoma tuviera carácter rotatorio, visitando todas las provincias de la región autónoma, sistema parecido al que ahora utiliza la Unión Europea. Las consejerías y demás órganos de poder estarían distribuidos equitativamente por la geografía de toda la región, beneficiando de esos puestos de trabajo y riqueza a todos por igual. Esas propuestas podrían llegar a convertirse algún día en el “acercamiento del poder al ciudadano”.

El primer Estatuto de autonomía para Andalucía proponía que las diputaciones articulasen la gestión de la comunidad autónoma en cada provincia, lo que habría evidenciado la diversidad de una autonomía que, a nuestro entender, nunca se tenía que haber constituido con las ocho provincias sino con “las de nuestra región”. En línea con la articulación provincial propuesta, se publicó una Ley autonómica de relaciones entre la comunidad autónoma y las provincias (11/1987). Ahí se quedaron las supuestas intenciones. Para evitar ese reconocimiento a las provincias se crearon las delegaciones provinciales, originando un centralismo semejante al que se pretendía destituir, con lo que se crearon muchos más cargos públicos y duplicidad de administraciones que llevarían a un aumento exponencial del gasto público.

De esta forma observamos cómo el nuevo Estatuto de autonomía para Andalucía de 2007 terminó de sentenciar a las provincias, dejándolas como espectadores del centralismo, que esta vez sí consiguió el reconocimiento de Sevilla como capital autonómica.

Nos resulta paradójico que lo que entró en vigor hace menos de tres años se está quedando más obsoleto que las Bases para la elaboración del Estatuto de Autonomía para Andalucía Oriental, con más de ochenta años de antigüedad.

Es incongruente hablar de desconocimiento ferroviario ajeno mientras se afirma que el trayecto entre Vadollano y Santa Cruz de Mudela “se recorrerá apenas en diez minutos” a través de una sola vía con reducción de velocidad en Despeñaperros a 60 kilómetros/hora. Por otro lado, tales condiciones de viaje no nos parecen de recibo para un servicio que conectará varias regiones.

Es falso que desconozcamos la existencia de la Declaración de Impacto Medioambiental que desaconseja una vía doble para trenes en Despeñaperros. No obstante nos pronunciamos a favor de dicha vía doble, que transcurriría por un Parque Natural donde actualmente se está construyendo una nueva autovía, contra la que nada tenemos, con numerosos túneles y puentes incluídos. Creemos que el Ministerio de Medio Ambiente debería facilitar igualmente construir en ese lugar protegido una segunda vía para el tren, por ser un medio medioambientalmente menos agresivo.

Al contrario de lo manifestado por Sebastián Quirós, entendemos que el PSOE sí se ha pronunciado por un trazado concreto para unir Linares-Baeza con Granada, ya que fueron publicadas, al menos por un medio de difusión provincial, el pasado 28 de marzo unas declaraciones de Gaspar Zarrías que señalan expresamente “por la comarca de Sierra Mágina y Moreda”, es decir, por la vía existente que no pasa por ninguna localidad. Además, el pasado mes de diciembre el PSOE confirmó una propuesta ferroviaria a través de Martos, Alcaudete y Alcalá la Real que no sabemos si tendrá paradas en dichas ciudades.

Lamentamos que el PSOE de Jaén se conforme con reducir a dos horas y media el tiempo de viaje Jaén-Madrid, similar al Málaga-Madrid y mayor al de casos de distancias superiores. Reivindicamos infraestructuras de primera para Andalucía Oriental, con más de dos millones de habitantes.

Mientras no sabemos cuándo habrá trenes que unan nuestras ciudades, otras ciudades como Sevilla y Málaga no sólo están unidas por tren sino que sabemos cuándo estarán unidas por trenes de alta velocidad. Condenamos esta estrategia territorial tan desigual que los políticos de nuestra tierra están permitiendo.

Mantenemos nuestra apuesta por un eje ferroviario de altas prestaciones por Despeñaperros a través de las estaciones de Linares-Baeza, Jaén, Iznalloz y Granada hasta llegar a Motril, de forma que figure en la próxima revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) junto a otras importantes infraestructuras ferroviarias en nuestras provincias como la Linares-Úbeda-Albacete, la Guadix-Baza-Lorca y servicios de cercanías como el Jaén-Martos-Alcalá la Real-Granada.

José Manuel Beltrán
Diario Jaén, cartas al director, 22-10-2009

Ayuntamiento de Jaén

Extracto de una intervención de “elchirimoyo” en nuestro foro:

El papel de las diputaciones y sus competencias ya está claramente definido en la Constitución en el título VIII (Organización Territorial del Estado) artículos 140 a 142:

Artículo 140.
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.
1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142.

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En concreto, el artículo 142 lo desarrolla la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 BOE 80 3 de abril de 1985) y en concreto el artículo 25 que establece entre otras las competencias en seguridad en lugares públicos, ordenación de tráfico… entre otros para el municipio, como ya sabemos todos, para la provincias en concreto (órganos de gobierno las diputaciones) son competencias las delegadas por el Estado y las “CCAA” (este fue el principio de la mentira de Andalucía que prometió delegar sus competencias en las diputaciones para realizar los servicios), coordinación intermunicipal, asistencia jurídica a municipios menores, prestación de servicios de carácter supracomarcal (carreteras comarcales), fomento de intereses provinciales, coordinación con las CCAA en planes provinciales. El artículo 37 establece además que las CCAA y el Estado pueden delegar en ellas, ¿alguien me da un ejemplo de lo primero en 39 años? Además la ley obliga a la creación de órganos de coordinación entre las CCAA, los entes locales y el Estado para evitar descoordinación administrativa y duplicidades con lo que a final resulta que la CCAA ejerce el papel de coordinador y se mete también en la operativa de una institución que no le corresponde.  La otra gran clave de esta Ley es al referente a las Haciendas Locales y de dónde vienen sus recursos. En concreto, el artículo 105 establece que se nutre de impuestos propios (vehículos, IBI, etc., los ayuntamientos), y la participación en los presupuestos generales del estado y en los presupuestos de las CCAA, por tanto, técnicamente Andalucía sufraga a las provincias y su mayoría al contrario del modelo vasco en el que son la diputaciones las que pagan a la CCAA, luego no el sistema no hace más que ratificar el régimen de dependencia de una institución sobre la otra. Por tanto el principio de autonomía fiscal que se establece en los artículos 105 y 106 se desploma él solo. La disposición adicional segunda (y posteriores) de esta Ley atribuye un régimen distinto a las corporaciones de los territorios históricos de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, agencias tributarias propias, régimen de recaudación y transferencia de recursos a la CCAA, etc. etc., (¡toma ya!), ¿y nosotros, no éramos históricos?

Queda claro entonces que lo que dijera el proyecto de estatuto de autonomía en un principio era un brindis al sol, un engañabobos más para camelarse la aprobación y adhesión de las diputaciones al proyecto autonómico ya que de ellas podía partir sólo la iniciativa. Pasado el tiempo, “donde dije Digo, digo Diego”, es más, estudiad si queréis las siguiente norma: Ley 11/1987 de relaciones entre la CCAA y los provincias publicada en el BOJA 155 de 30/12/1987 que aparte de reconocer principios citados en la Ley de Bases antes citada (coordinación, descentralización, desconcentración, colaboración, etc.) esta nueva Ley deja varias joyas a considerar: Artículo 4 en la que la CCAA se auto atribuye, previa consulta a las diputaciones,  la capacidad de fijar las directrices de coordinación de competencias en materias de “interés general para la CCAA” (¡toma, toma, pastillas de goma!) El artículo 5 reconoce las competencias propias de la Ley de Bases pero ni una más. Artículo 7, vuelta a la auto atribución en la CCAA la competencias de coordinación en planes provinciales de interés general para la CCAA. El capítulo IV del título I habla enteramente de la delegación de competencias en las diputaciones, básicamente atribuciones a nivel menor en materia de cultura (bibliotecas para municipios menores a 20.000 habitantes), deportes (instalaciones deportivas de este tipo de municipios) y turismo (fiestas de interés local o provincial) y todo siempre cumpliendo lo que estipule la ley autonómica que rija esas competencias. Vosotros podéis entrar a valorar qué es lo que las diputaciones pueden hacer realmente. Más interesante aun, el título II de esta ley rige la asunción de la CCAA de competencias propias de las Diputaciones. El artículo 25 establece que todas las competencias que hasta el recibo de la presente venían ejerciendo las Diputaciones y que a lo largo de este título II se relacionan pasan de ipso facto a la CCAA sin perjuicio de la delegación administrativa que se pueda habilitar a favor de las Diputaciones y respetando las competencias propias de las Diputaciones listadas en el título III o disposiciones posteriores. En relación con esto, artículo 26 (Economía, Industria, Comercio, Agricultura, Ganadería, Pesca, Carreteras, Vivienda, Salud y Servicios Sociales); artículo 27 (correspondiente traspaso de recursos, medios, personal, etc., asociado a esas competencias a la CCAA); y además, para más chiste, el artículo 28 dice que el traspaso de estas competencias no puede suponer en este caso una concentración territorial de la gestión de dichos servicios, ¿cómo se come esto? El título III desarrolla la delegación de competencias, es decir el cumplimiento estricto que las diputaciones tienen que hacer de las directrices de la CCAA y de cómo la CCAA puede revocar esa delegación. Del capítulo II de este título, para nuestro interés, la CCAA delega en la Diputaciones la competencia en la red de carreteras provincial o comunitaria que no sea de interés general (A92, etc.) y servicios sociales comunitarios que se presten en pequeños municipios (¿alguien sabría decir si esto es verdad o suplen ese papel los funcionarios de la CCAA?) En las disposiciones de adicionales de esta ley la CCAA establece por supuesto el sistema de financiación de estas supuestas competencias que asumiría las diputaciones en nombre de la CCAA (más dependencia económica y menos capacidad de actuación)

Por tanto, que os quede claro que tan solo tres o cuatro años después de la aprobación del citado estatuto, y con el consentimiento y aprobación, como no, de los representantes del PSOE local en el parlamento, la Justa de Andalucía oficializa e institucionaliza lo que ya se ve que es su programa de gobierno, a saber, asume ya por completo las anteriores competencias que desarrollaban la Diputaciones (¿dónde queda entonces la milonga que contaron de apoyarse en las Diputaciones para la prestación de sus servicios?) y no desarrolla para nada ningún régimen de delegación administrativa significativo que aumente o como mínima no disminuya el peso específico de la administración en cada una de las provincias. ¿Dónde quedan tantos propósitos para con nuestras provincias, si no tardan ni un par de años en desmantelar progresivamente la administración en estas provincias, centralizar los organismos de dirección, no reponer en la medida de lo posible la pérdida de peso en las provincias a través de un sistema más racional de delegaciones provinciales de la Justa y un sin fin más de agravios? Repito, y todo esto con el consentimiento una vez más de nuestra clase política.

En efecto, la segunda ronda de Sevilla, la SE-40, requerirá 1.470 millones de euros durante su construcción, que suponen la inversión de 20 millones de euros por kilómetro, cuando toda la dificultad que tienen en los 70 km de recorrido es la de construir cuatro túneles y un puente.

Por más cuentas que hago, no logro entender esas cifras astronómicas. Sevilla la llana, la que está a 11 metros sobre el nivel del mar, no se caracteriza por poseer una orografía montañosa que encarezca sus infraestructuras. Sin embargo, la previsión es que la SE-40 salga más cara que el tramo de autovía Nerja-La Herradura, que costó 15,9 millones de euros por kilómetro por la necesaria construcción de varios túneles, puentes enormes y grandes desmontes de material rocoso en la abrupta costa de Granada y Málaga. Más bien debería de tener un coste similar a la autovía Sevilla-Utrera, cuyo último tramo fue inaugurado el pasado mes de diciembre y costó 1,9 millones de euros por kilómetro. Por tanto, los 70 kilómetros de nueva autovía deberían de costar 133 millones de €. Si añadimos los cuatro túneles y el puente, que podrían equivaler a la construcción completa del tramo Nerja-La Herradura (151 millones), en total saldría un coste de 284 millones de euros. ¿Qué van a hacer con los 1.186 millones de euros que restan hasta llegar a los 1.470 millones presupuestados?

Esos 1.186 millones, que según mis humildes cuentas se han presupuestado de más, triplican el presupuesto anual del Estado para Granada en 2009, que era de 379 millones. Además, los 1.470 millones de euros presupuestados para la SE-40 equivalen a la estima para la construcción del tren Granada-Motril, que tendría una longitud similar a la segunda ronda sevillana, pero con la necesidad de hacer desmontes enormes y construir muchos más puentes en todo su trazado. ¿Por qué una infraestructura con una reivindicación más que centenaria como el tren Granada-Motril no recibe al menos el mismo trato presupuestario que la SE-40, que es una infraestructura que empezó a reivindicarse hace pocos años?

Las cifras expuestas demuestran que no se trata de un tema baladí y quizás los políticos tendrían que dar una serie de explicaciones. En primer lugar deberían explicar los motivos de los enormes costes de la SE-40. En segundo lugar, más importante aún, deberían explicar por qué con Sevilla no hay límite presupuestario para dotarla de modernas vías de comunicación, mientras que las inversiones de Granada siempre llegan tarde, escasas y claramente insuficientes para afrontar nuestro atraso histórico de infraestructuras.

Jose Antonio Delgado Molina

La Opinión de Granada – 10/3/2009

El Mundo – 16/3/2009

Representantes de nuestra Asociación estarán presentes en la manifestación convocada por COAG, UPA y ASAJA, que tendrá lugar en la capital almeriense el próximo día 28 de febrero, para acompañar en su reivindicación a los agricultores.

Y yo me pregunto: ¿por qué ha de venir esta gente a Granada a reivindicarse? ¿No pueden hacerlo en su tierra? ¿Habrá leído alguno de ellos a su “gurú”, Blas Infante? ¿Por qué las reivindicaciones sociales siempre son manipuladas por políticos oportunistas, eso sí, con sueldos de 3000 euros? Yo me pregunto…

Antonio Calancha

20 Minutos, 21-11-2008

CajaGranada dedica un porcentaje de sus beneficios a la Obra Social y ésta se queda en Granada. Son muchas actividades y asociaciones las que se benefician de ello. No tendríamos ninguna garantía de que, con una fusión, se quedara en nuestra tierra la misma cantidad de dinero. Nada centralizador ha demostrado utilidad alguna para Granada. En cambio, Sevilla y Málaga seguro que estarían encantadas. La atención a determinados proyectos y áreas deprimidas, como los Montes Orientales o el Altiplano, que realiza una caja local no la van a mantener una entidad centralizada en Sevilla o Málaga. Prirorizarán otras cosas, como el turismo para la Costa del Sol o los cultivos del Guadalquivir. No nos engañen, no nos vendan que sería de otra manera. No nos vendan nada positivo, guárdense las acciones de Endesa y Repsol y dejen que CajaGranada apoye la inversión en empresa innovadoras en nuestra tierra.

La defensa de la sociedad granadina para evitar la fusión ha de ser total y eso que CajaGranada ha tenido también méritos para llevarse algunas críticas por los que la queremos como elemento distintivo de nuestra tierra. Es difícil olvidar su politización (¿si ya la Junta la tutela bien!), algunas operaciones financieras en Madrid o incluso algunos proyectos como el Museo de la Memoria de Andalucía. En mi opinión, CajaGranada debería haber apostado en su dimensión cultural por apoyar aún más las actividades y entidades que ya tenemos como el Parque de las Ciencias y la Orquesta Ciudad de Granada. Sin duda, acabar, mantener y dotar de contenido ese Museo no será compatible con mantener, siquiera, las otras actividades y eventos que ahora mismo apoya. Pero no es momento de criticar a CajaGranada, es momento de apoyarla al 100% en su decisión de no respaldar la fusión de las Cajas. Aunque el Museo de la Memoria no sea a lo mejor lo más acertado para Granada, se quedará aquí, como se quedarán muchos beneficios en nuestra tierra y en Jaén (donde tiene una gran implantación) si sigue adelante. ¿Qué insistencia la de los señores Chaves y Zarrías!, bien podrían fijarse en la reciente reunión de las diez cajas catalanas (incluyendo la poderosa Caixa) y el Gobierno catalán que no respaldan una única caja en Cataluña.

En la apatía de los granadinos por sus instituciones, el apoyo de muchos colectivos y asociaciones en contra de este proceso de fusión ha sido una luz en la ciudad y provincia. No todo es estar dormidos y dejar que lo perdamos todo, dejar que Sevilla y Málaga nos devoren. A ver si han sido necesario casi 30 años (desde la Constitución de la Autonomía Andaluza) para que despertemos y le enseñemos al ya excesivamente duradero y eterno inquilino del Palacio de San Telmo que deje a Granada y Andalucía Oriental en paz de tanto proyecto centralizador y que cumpla con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras provincias. En esto, los retrasos con lo comprometido con nuestra tierra, se le ve poco preocupado.

José Ramón Jiménez Cuesta

Ideal-Granada, 4-11-2008

Bajo el pretexto de mejorar la competitividad de nuestro sistema financiero y fortalecer nuestra economía, pero ocultando el perverso criterio de desmantelar importantes instituciones de nuestra tierra al igual que en otras muchas ocasiones desde que Andalucía Oriental fue anexionada, el PSOE-A va camino de cumplir su objetivo mientras el PP-A apenas se inmuta. Qué cómplice está siendo el partido de Javier Arenas, quién tantas veces se ha mostrado en contra de la politización de nuestras cajas. ¿No piensa ese partido movilizar a la sociedad en contra del proceso? No olvidemos que fue el PP quién aprobó en 2003 la normativa por la cual los gobiernos autonómicos deben dar el visto bueno a las fusiones, incluso en el caso de que la fusión afecte a distintas autonomías. El mismo partido, en Castilla y León, considera como “urgente” el proceso de fusiones. Mientras acercan la leonesa Cajaespaña a las de Ávila, Segovia y Burgos, dejan que corra el aire entre la leonesa y la salmantina Caja Duero, a pesar del movimiento autonomista leonés, en lo que es una más de las artimañas políticas con trasfondo territorial. Un sentido muy contrario tiene el intento del bipartidismo de que la alavesa Caja Vital no se fusione con Kutxa y BBK, lo que podría dejar al conjunto de cajas vascas en manos del PNV.

Sabemos que esta interferencia de los políticos en nuestras entidades financieras es un fenómeno nacional, pero no por ello podemos dejar de ser consecuentes con nuestra idea de que, al igual que los bancos, las cajas estén gestionadas por profesionales del sector. Si los órganos de administración de las cajas lo estiman oportuno, y por poner ejemplos ¿acaso no podría fusionarse CajaGranada con Cajamurcia, o Caja de Jaén con Caja Castilla-La Mancha? ¿A quién beneficia verdaderamente la fusión de cajas de la misma autonomía, al ciudadano o al político?

Afortunadamente para los intereses de Andalucía Oriental, “nuestros políticos” no forman parte de los consejos de administración de Cajamar, Caja Rural de Granada y Caja Rural de Jaén. Mientras no cambie esta condición, estas tres cajas estarán libres de instrucciones surgidas de despachos políticos sevillanos.

Son dos las entidades que parecen tener contados sus días. CajaGranada, fundada en 1892, y Caja de Jaén, con vida propia desde 1981. La asociación Plataforma por Andalucía Oriental hace un llamamiento a los miembros de sus consejos de administración, y a la sociedad de estas tres provincias, para que eviten lo sucedido a Cajalmería en 1991 cuando su sede central en el Paseo de Almería dejó de ser operativa como tal. Que no se dejen influir por el actual regalo a la banca del Gobierno de España y que sean valientes. Hay que luchar contra la sentencia que dictan unos políticos. La primavera de 2009 es la fecha elegida por ellos para cumplir dicha sentencia. De todos depende que esta desgracia no se repita en las otras dos provincias del oriente andaluz. O ¿acaso desde Sevilla habrá que residenciar también a las cajas de ahorros disidentes?

Otras comunidades autónomas sostienen que el criterio de financiación ha de estar basado en la población. Este es el caso de Andalucía, que en la disposición adicional tercera de su Estatuto de Autonomía recoge: «La inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años». Nuestros políticos autonómicos han defendido tradicionalmente este criterio en base al incremento de la población andaluza en un millón de habitantes, que no era reconocido por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Argumentado así, el nuevo criterio parece buscar un reparto más justo, pero nada más lejos de la realidad.

El criterio de financiación por población encierra muchas trampas y la primera que sale perjudicada es la provincia de Granada. Es verdad que los PGE de 2008 han reservado para Andalucía el 18% del total nacional en base a su población. Sin embargo, la primera trampa consiste en que a Granada no le ha tocado la octava parte de ese 18% porque en el reparto del presupuesto por provincias se ha seguido manteniendo el criterio de financiación por habitante. Así, los PGE de 2008 destinaron para Granada 580 millones de euros, mientras que a Sevilla, que nos dobla en población, destinaron prácticamente el doble con 1080 millones de euros. El gasto de la Junta de Andalucía en 2007 obedeció al mismo criterio, con una inversión de 115 millones de euros en Granada frente a los 200 millones de euros gastados en Sevilla.

La segunda trampa del criterio de financiación por habitante consiste en que no se tienen en cuenta factores que encarecen las infraestructuras como nuestra endiablada orografía. Es decir, no solo recibimos la mitad de dinero por tener la mitad de población, sino que además debemos afrontar el gasto de infraestructuras más caras. Sirva como ejemplo un tramo de la autovía Sevilla-Utrera enclavada en la Andalucía llana del valle del Guadalquivir con un coste de 2,7 millones de euros por km, frente a los 10,8 millones de euros por km presupuestados en el tramo granadino costero Lobres-Taramay (el tramo Nerja-La Herradura llegó a costar 15,9 millones de euros por km).

Haciendo un poco de memoria, comprobamos que el criterio de financiación por población no siempre ha interesado a los políticos andaluces. Por ejemplo, por decisión del sevillano Felipe González, el AVE se puso 15 años antes en Sevilla (1.800.000 habitantes) que en Barcelona (5.300.000 habitantes), de acuerdo con el criterio de compensar desequilibrios, de invertir más donde más falta hacía. En contra de lo que mucha gente piensa no se puso con motivo de la Expo’92, ya que ese año en Barcelona también se celebró otro acontecimiento de escala internacional (las olimpiadas).

Ahora, cuando se trata de Granada, parece que no interesa compensar la carencia histórica de infraestructuras y los presupuestos, tanto del Estado como de la Junta, seguirán consiguiendo que las infraestructuras de Sevilla se sigan desarrollando a mucho más del doble de velocidad que en Granada.

Espero que a partir de ahora, los granadinos se rebelen ante el eufemismo de la ‘financiación por habitante’ empleado por los políticos para justificar las migajas presupuestarias que destinan a nuestra provincia.

José D. Molina