De vez en cuando se pone de manifiesto que el traspaso de determinadas competencias a las comunidades autónomas es contrario a los intereses de los ciudadanos…

En estos días en que se nos niega a los granadinos la construcción subterránea del metro a su paso por el Zaidín bajo la excusa de su mayor coste, nos hemos enterado de que a la capital del Bajo Guadalquivir le van a construir una segunda circunvalación sin la mayor preocupación por su coste faraónico.

En efecto, la segunda ronda de Sevilla, la SE-40, requerirá 1.470 millones de euros durante su construcción, que suponen la inversión de 20 millones de euros por kilómetro, cuando toda la dificultad que tienen en los 70 km de recorrido es la de construir cuatro túneles y un puente.

Las protestas de diferentes sectores se suceden ante la crisis, incluídos los jornaleros del campo. Cosa loable, si bien, anteayer en Granada vivimos una situación esperpéntica: un par de cientos de jornaleros venidos de Sevilla y alrededores ocuparon “a grito pelao”, una sede bancaria y una inmobiliaria, con los consecuentes perjuicios conocidos: calles cortadas, tráfico congestionado, etc., y todo ellos enarbolando banderas independentistas de Andalucía.

EL apetito del Presidente de la Junta de Andalucía por centralizar cualquier actividad seria e importante que se tenga en Andalucía es insaciable. Insiste e insiste, inasequible al desaliento. Quiere borrar cualquier vestigio de identidad propia de las diferentes provincias andaluzas, especialmente, en las orientales. En el tema de la fusión de las cajas, además, podemos detectar esa insistente obsesión por tener una caja como la Caixa o CajaMadrid que puedan tener una alta participación en Repsol o en alguna gran empresa, aunque dichas intenciones no tengan ninguna influencia en la vida diaria de los granadinos. Aprovecha un momento, la crisis financiera mundial, para volver al tema soñado de la caja única, a pesar de que, como dicen algunos economistas, ha surgido toda esta crisis por operaciones nefastas de grandes bancos no de la banca pequeña.

Es para mí, como granadino y como miembro del Foro pro Andalucía Oriental una pésima noticia saber que la Junta asumirá, en breve plazo, las competencias sobre la totalidad de las aguas al Sur de Sierra Morena, aguas de las anteriores confederaciones del Guadalquivir y del Guadalfeo o del Sur de España.
Es una pésima noticia [...]

En estos días de arduos debates sobre la financiación autonómica se pone de manifiesto que las regiones españolas exigen diferentes criterios para adecuar el reparto de los presupuestos de acuerdo con sus necesidades particulares. El criterio defendido por Cataluña establece que una región ha de recibir financiación proporcionalmente a su productividad. Según este criterio las comunidades más ricas recibirían más dinero, rompiendo con el principio de solidaridad y de desarrollo equilibrado de todos los territorios de España.

Se acercan las elecciones autonómicas de marzo y se palpa en el ambiente una sensación de hastío y de que ya está todo dicho en cuanto a lo que tengan que prometer los políticos de turno.

El pasado día 13/06/2007 leí en IDEAL el artículo titulado La Granada que recuperó la palabra. El autor repasaba hechos acaecidos en 1977 en Granada y en la comunidad andaluza.

Constitución de 1812, Art. 10. El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África.

Por tanto nada, nada de Andalucía…

¿Han participado los políticos granadinos en la elaboración del POTA?

La respuesta en principio parece obviamente negativa. Sí hubieran participado activamente en su redacción, las alegaciones no serían tan mayoritarias. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿Quién ha redactado el POTA? Tal vez esta pregunta se conteste con un: ¿Para quién se ha redactado el POTA? «Para todos los andaluces», contestarán algunos políticos que vuelan muy alto y no pueden ver el suelo. La respuesta a la pregunta anterior es también clara: para Sevilla y Málaga.