Cuando hablo de Granada y de su histórico territorio hay quién se apresura a llamarse segregacionista e inspirador de la división de esta gran Andalucía nacida de los equilibrios de la Transición democrática. Nunca lo he hecho abiertamente; ni siquiera he enarbolado el pendón de lo granadino como otros si que han hecho, acertadamente, para oponerse a la fusión de la Caja arbitrada desde Sevilla. En todas las ocasiones me he limitado a advertir sobre los desequilibrios reales existentes entre el occidente y el oriente andaluz acentuados tras treinta años de autonomía, a lo largo de los cuales Granada ha ido perdiendo todas las señas e instituciones que la identificaban como una ciudad principal de nuestro país. Una verdad irrefutable que nos revela que “no somos lo que éramos hace sólo unas décadas y lo que es peor, que no volveremos a serlo en este panorama de desguace metódico en el que está sumida Granada”.

Recordemos la airada reacción de la sociedad malagueña cuando la Junta de Andalucía trató de trasladar la sede de la Confederación Hidrográfica del Sur a Sevilla. La contestación ciudadana llegó a pedir la separación de Andalucía y constitución de una autonomía uniprovincial para Málaga caso de materializarse la felonía. Creo que estuvo bien y que dice mucho de los malagueños. Observemos ahora el debate abierto sobre la ubicación en Málaga o en Sevilla de la nueva Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia y no en Granada: ¿Qué deberíamos hacer ahora los granadinos considrando adonde ha quedado relegado Granada en el panorama andaluz y sabiendo que Granada fue sede de la Real Chancillería y que a lo largo de más de cinco siglos ha sido indubitadamente la “capital judicial” del sur de España?

En 1500 los Reyes Católicos dispusieron mediante una Real Cédula el traslado desde Ciudad Real de la Real Chancillería lo cual se materializaría el 8 de febrero de 1505. La planta judicial del Estado español moderno quedó configurada, principalmente, con el Real Consejo de Castilla y las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, debiendo de entender la nuestra cuantos asuntos relativos a la Justicia se dieran en el territorio comprendido al Sur del río Tajo y Canarias. La Real Chancillería, que considerada como auténtica materialización de la personalidad y del poder del monarca en la tierra, estuvo presente hasta 1833 en que fuese implantado el sistema de Audiencias Territoriales en el que nuevamente correspondió a Granada, como no podía ser de otra forma, la sede de la de Andalucía Oriental, que extendía su competencia al territorio de su antiguo reino y a Jaén. Esta nueva demarcación y planta estuvo vigente hasta la promulgación en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se cerró con la entrada en vigor de la Ley de Planta y Demarcación de 1988 que en sus artículos 2 y 7 cerraba definitivamente la posibilidad de que Granada fuese la sede real del TSJA. Con estas normas, con el Estatuto de 1981 y con la adopción de distintos acuerdos posibilitados por ellas, se permitió el reparto de las Salas TSJA y la desconcentración de sus competencias y Granada perdió así su prestancia como histórica capital judicial, quedando relegada, prácticamente, a ser la sede formal del TSJA, con la Presidencia del Tribunal y de la Sala de lo Civil y Penal.

Tres son las razones que el vocal del Consejo General del Poder Judicial que pide que la sede de la futura Sala de lo Penal del TSJA resida en Málaga: primera, que en Málaga existe un magnífico edificio sede para su implantación, el conocido como “Ciudad de la Justicia”; segunda que las estadísticas señalan a Málaga como el lugar de Andalucía donde hay mayor número de asuntos penales; y tercera, que dado lo anterior con la implantación en Málaga se evitaría que muchos letrados tuvieran que desplazarse hasta Granada evitando así un sobre coste y dificultades añadidas a las partes. Como vemos, tres magníficos argumentos con los que invertir la historia y la trayectoria de una ciudad como Granada, auténtica capitalidad judicial histórica de España. ¡Menudos méritos!

Es incalificable que Granada pueda perder ahora la capitalidad judicial que ostenta desde hace más de 500 años porque en Málaga se haya construido un edificio tantas veces prometido y tantas veces negado para nuestras dependencias judiciales; o porque la corrupción y la delincuencia sean elevados a la categoría de valores intangibles a calificar por encima de cualquier otro principio ordenador de la Planta Judicial; y no digamos ya la apelación al ahorro de costes, cuando ahora las casaciones penales se ven y resuelven en Madrid, en el Tribunal Supremo, o cuando esta Andalucía “imparable” de la Segunda Modernización, alardea de comunicaciones y de autovías.

Por su parte, los argumentos que el representante sevillano en el Consejo General ofrece a favor de la implantación en Sevilla de la nueva Sala, son todavía menos consistentes e indecentes. Decir que Sevilla debe ser la sede por ser la capitalidad de Andalucía, además de ser una lamentable verdad de Perogrullo construida tras tres décadas de autonomía en las que prácticamente todo ha sido para la ciudad hispalense, es verdaderamente una ofensa para quienes sabemos qué fue y qué debió ser Granada en el contexto del estado de las autonomías, convencidos de que en el futuro sólo será posible una Andalucía fuerte con un oriente fuerte y con un territorio equilibrado.

“De aquellos polvos estos lodos”, y de la injusta división y desconcentración del TSJA permitida hace años resulta ahora este nuevo escarnio para Granada, que ha encontrado plasmación normativa en el innoble artículo 4 del nuevo Estatuto de Autonomía de 2007, que permite desposeer a nuestra ciudad de las instituciones judiciales repartiéndolas entre otras ciudades andaluzas.

Creo llegado el momento de que evitemos este nuevo expolio a Granada y a sus derechos; hacia su patrimonio y su personalidad. Llegado, también el momento de que exijamos a nuestros representantes políticos que no callen como los buenos empleados que son del partido que los aúpan y que impidan con su oposición expresa, el tránsito de este camino que nos lleva desde la Real Chancillería a la nada; este nuevo ultraje, que de producirse, sin duda, sería el más grave atentado sufrido por Granada en las últimas décadas.

César Girón
Ideal, 27-5-2009