Cuando en 1980, Andalucía votó por una aplastante mayoría su derecho a una autonomía plena, en sus habitantes operaba el convencimiento de que éste era el camino (probablemente el único visible) para salir de la secular marginación hasta entonces sufrida en provecho de otros sectores y otras regiones españolas. Ocho años después, y tras seis de gobierno socialista, es tiempo ya de hacer algún balance de lo conseguido y de las previsiones, no tanto a nivel general, como de las provincias más orientales de la comunidad. Y ello porque en buena parte de la población de éstas reina el convencimiento de que sus legítimas aspiraciones, y las ilusiones que en su momento depositaron en la consecución de la autonomía, están viéndose frustradas por actuaciones parciales, clientelistas, centralistas y en definitiva injustas de quienes poseen la capacidad de tomar decisiones, y por tanto, les corresponde la principal responsabilidad política.

Basta recordar algunos datos objetivos sobre la situación actual de estas tres provincias, que justifican la desilusión de quienes esperaban, si no una transformación económica milagrosa, al menos, alguna expectativa de mejora, cara a los últimos años del siglo. Pero esta espextativa no se les ofrece, frente a la que sí, esperanzadamente, contemplan otros andaluces.

Ante todo, el conocido tema del descenso en el nivel relativo de la renta familiar. No por sabido, menos importante y significativo de una decadencia inadmisible, por injustificada. Entre 1983 y 1985, Granada baja del lugar 47 al 50 y último de las provincias españolas. Jaén también desciende del 39 al 40, y únicamente Almería sube un puesto, del 38 al 37. No parece que esta situación proporcione muchos motivos de satisfacción a los habitantes de la zona, ni, por otro lado, se han oído desde los responsables políticos razones que lo expliquen. Mas aún, tampoco se ha ofrecido vías de solución, ni proyectos que a plazo razonable permitan esperar alguna mejora. El silencio de los políticos sólo puede interpretarse en un sentido: a aguantarse tocan.

En unas declaraciones del entonces consejero de Economía y Fomento, señor Recio, en noviembre del pasado año, se reconocía la existencia de “dos Andalucías, divididas según sus recursos económicos. La más pobre corresponde a las zonas de serranía, y la más rica al litoral y a las ciudades”; y añadía el consejero: “Estamos haciendo lo posible para que no haya diferencias“. Aunque tardíamente, un destacado miembro de la Junta reconocía así desigualdades que este periódico ha venido destacando desde hace más de dos décadas. Pero lo que nos gustaría saber es en qué consiste el “hacer lo posible”, porque no se percibe muestra alguna de ello. Tal vez su sucesor en la Junta no lo tenga muy claro o simplemente ignore el tema.

El hecho es que la mayor parte de las zonas de montaña de Andalucía coincide precisamente con las provincias de Almería, Granada y Jaén, es decir, casi dos millones de habitantes. Aunque las ciudades, parte de la costa, y una pequeña porción del valle del Guadalquivir presentan índices bajos, pero relativamente aceptables de desarrollo, gracias a la concentración de servicios o a la agricultura especializada, el resto de las tres provincias, o sea la mayor parte de su superficie, y prácticamente la mitad de la población, o sea, casi un millón de habitantes, se encuentran en condiciones sin igual en Europa Occidental.

La deducción es fácil: si los indicadores de desarrollo demuestran que Andalucía ocupa el último lugar entre el conjunto de regiones de la CE, y a su vez estas comarcas están a la cola de las de Andalucía, con rentas p.c., por ejemplo, equivalentes a casi la mitad del promedio español, es evidente que ese millón de habitantes exige decisiones de inversión, empleo y oportunidades por encima de cualesquiera otras prioridades. Están muy bien los hermanamientos con ciudades de otros continentes, los actos y gastos suntuarios que requiere la vida pública, y los abundantes costos de “representación” de la actividad de los políticos. Pero antes que todo eso se encuentra la imperiosa necesidad de sacar del marasmo en que se encuentran sumidas estas numerosas comarcas de las tres provincias.

Expertos de la D.G. de Investigación y Extensión Agraria de la propia Junta de Andalucía, según la prensa de febrero pasado, estiman que “hay una excesiva falta de protagonismo de la Consejería de Agricultura y Pesca… y (en el fondo) un problema de falta de voluntad política, con un posicionamiento de claro desinterés“. Y añadían que “el grado de envejecimiento de la población, su escaso nivel cultural y su casi nula formación profesional y empresarial, son limitaciones que vienen a agravar las condiciones objetivas que permiten beneficiarse de las ayudas establecidas por la CE“.

El problema del medio rural de Almería, Granada y Jaén se agrava si recordamos el altísimo paro endémico que lo caracteriza, y encima la “caótica” situación del Plan de Empleo Rural, según expresión del diputado socialista Francisco Linares, recogida hace pocos días en estas mismas páginas. No creemos necesario insistir más en algo suficientemente conocido por los políticos y por la opinión pública, sin que se vean por ninguna parte actuaciones eficientes destinadas a resolver o al menos a paliar el problema, siquiera a plazo medio. No se olvide que la creación de industrias agroalimentarias sería extraordinariamente útil a este respecto, pero tampoco se percibe una iniciativa privada que se decida a introducirse en este terreno. El capital de la zona prefiere dedicarse a la especulación inmobiliaria, aunque buena parte de su origen se encuentre precisamente en la propiedad agraria.

Algo hay que decir también sobre el tema de las comunicaciones. Cierto que en pocos años se habrá conseguido una buena comunicación por carretera en los ejes de la costa y del trayecto Sevilla – Baza (¿para cuando Baza – Puerto Lumbreras?). También mejorarán las conexiones de Motril y Almería hacia el Norte. Pero como reiteradamente han señalado las Cámaras de Comercio de las tres provincias, los planes de “Renfe” las han marginado totalmente. Resulta curioso que cuando en TVE y otros medios se habla de “los nuevos accesos a Andalucía”, se olvida que también esta zona es Andalucía. Es más, el tema adquiere caracteres grotescos cuando recordamos que el pasado verano el presidente de “Renfe” declaró, al preguntarle por tal marginación, que lo que tenían que hacer los habitantes de esta parte era irse a Córdoba a coger el tren “Rápido”. Y se quedó tan fresco.

Puestos al habla con “Renfe” se nos ha informado que también se va a mejorar el servicio de Granada y Almería con Madrid. Según parece, se reducirá el viaje desde aquella en una hora y 14 minutos, y en una hora y 28 minutos desde Almería, consiguiéndose en el trayecto una media próxima a los 100 km/hora. Ahora bien, esta media ya la tenían otros trenes españoles hace tres o cuatro décadas. Como la media por los nuevos accesos va a ser, según se dice, de 200 km/hora, resulta que a efectos ferroviarios, de Sevilla, Córdoba o Málaga no sólo nos va a separar la distancia, sino también el túnel del tiempo de treinta o cuarenta años.

Y eso, si entrar en las comunicaciones transversales, de las que no se ha hablado. Los recorridos desde Granada, Jaén o Almería hacia las otras provincias, es de temer que sigan efectuándose a la vertiginosa velocidad de 45 km/hora, como hasta este momento. Igualmente, se destina una ingente suma trasladar y modernizar las estaciones de ferrocarril de Sevilla y Córdoba. ¿Hay algún plan para las de esta parte de Andalucía? Y, finalmente, ¿podemos dar por muerta toda esperanza de restablecer la comunicación con Levante?

Las autoridades de la Junta han afirmado repetidamente que la Expo 92 va a beneficiar a toda Andalucía. Como ya hemos dicho, en el capítulo de carreteras esto es cierto. Pero, ¿en cuántos aspectos más? La gigantesca inversión que absorve la ciudad de Sevilla, como sede de la Exposición, superior al medio billón de pesetas, no parece que permita actuaciones paralelas, aunque más reducidas, en la mejora urbana y de servicios de las otras provincias. Y parece claro que, cuanto más lejanas se encuentre éstas, menos les llegará. ¿De verdad hay voluntad de compensar de algún modo estas diferencias? Y, a partir del 92, ¿no se va a tapar la boca una y otra vez desde el Gobierno central a las reivindicaciones andaluzas, diciendo “ya tuvisteis la Exposición”, como si eso lo hubiera arreglado todo? ¿Quién habrá ganado algo y quién se quedará como estaba?

No queremos entrar en otras muchas causas de agravios comparativos, que aquí sería largo enumerar, y de los que en diversas ocasiones nos hemos hecho eco. Simplemente bastará recordar (por reciente) la extraña actitud cicatera de la Consejería de Educación hacia la creación en Granada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, pedida desde hace once años, y que al final se instituye como “estudios”. O la detención de la construcción de varios embalses en la zona, durante los tres últimos años, como consecuencia de que los fondos se destinaran a la mejora de carreteras. O la resistencia a la creación o ampliación de servicios administrativos dependientes de la Junta, en lugares que no sean Sevilla.

No hace mucho, en el debate sobre el estado de la comunidad autónoma, el señor Rodríguez de la Borbolla se manifestaba no ya optimista sobre la situación de ésta, sino triunfalista. Cabría preguntarse cuántos ciudadanos tienen motivos para compartir su actitud, especialmente en esta zona más oriental de Andalucía. Y es que, como en un periódico le dijeron en julio del pasado año, no se pude confundir la legítima ilusión política con hacer ilusionismo.

A la falta de eficacia para resolver los problemas de la región han contribuido poderosamente no sólo la falta de voluntad unas veces, y de capacidad otras, de los políticos en el poder, sino también sus propias luchas internas. Sin ir más lejos, IDEAL reproducía hace pocos días un documento interno elaborado por el alcalde de Granada, en el que concluía que lo habitual en el PSOE de Granada ha sido “la inhibición y la pasividad política”, hasta el punto de que las tareas de coordinación y representación de la sociedad “han sido gravemente incumplidas o simplemente no han existido”"ha significado una evidente pérdida de confianza por el electorado”. Y el propio presidente de la Junta, sabe mejor que nadie hasta qué punto el desgaste de la reciente batalla entre guerristas y borbollistas, ha ido en detrimento de la dedicación de su partido al gobierno de la región y, en definitiva, de los intereses de ésta. por parte de sus compañeros de partido, lo que según reconoce él mismo,

Ante apreciaciones como las que aquí hacemos, y en particular en todo lo que se refiere a la marginación que sufren estas tres provincias, las autoridades de la Junta suelen responder quitándoles importancia, diciendo “ya basta de quejíos”, “en ello estamos” (sin que ese “estar” se traduzca en “hacer”), y, lo que es peor, acusando a quienes las explicitan, de “parroquialistas”, “provincianos” o simplemente “de derechas”. En este último caso no parecen darse cuenta de que Izquierda Unida y otros grupos no precisamente de derecha se encuentran entre los más críticos de su actuación. En el fondo les ocurre lo que al régimen anterior, en el que todos los que no estaban de acuerdo con él eran simplemente “rojos”.

El manifestar un legítimo disentimiento, y demostrar los fundamentos de una dura marginación, no sólo no es un “quejío”, ni una actitud “provinciana”, sino un deber de cualquier ciudadano en un país democrático, y con mayor razón, de un medio informativo. Aparte de que en su momento, quienes ahora dirigen la Junta, buen jugo le sacaron a sus protestas sobre el estado de la región.

Pero es más. Quienes ocupan injustificadamente el último lugar de las provincias españolas en renta familiar, tienen más derecho que cualquier otro a hacer oír su voz, justamente por encontrarse en un Estado de Derecho. Y un Estado que proclama entre sus valores supremos la justicia y la igualdad, dentro de la solidaridad. De nada sirven estos principios, si los responsables de su aplicación no dedican todo su esfuerzo a cumplirlos. Esa es su obligación y esa es nuestra exigencia.

Editorial de Opinión

Ideal, 24-4-1988