La Comunidad Autónoma de Andalucía, la nuestra, nacida de la Constitución de 1978 y delimitada por el estatuto de 1981, no es fruto de la casualidad. Su logro, su conquista habría que decir mejor, no fue tarea fácil, sino toda una labor colectiva del pueblo andaluz, que literalmente tuvo que batallar por su derecho al autogobierno frente a la autoridad central. Por oposición a otras comunidades autónomas que hablan de hechos diferenciales, de identidad ligüística, de uniformidad cultural, de razones históricas que avalan su derecho al autogobierno e incluso sus pretensiones de independencia realmente incomprensibles, Andalucía es, con todo orgullo, la entidad territorial de la diversidad, de la polisemia cultural, del respeto a la diferencia, la tierra de todos los que aquí han venido y nacido desde hace milenos.

Precisamente por este culto a lo distinto que es savia de nuestra región, es tradicional reconocer dos Andalucías, la alta y la baja, la oriental y la occidental, la castellana y la nazarí. Cada una con su enorme riqueza histórica y con unos rasgos definitorios de su particular personalidad, hoy unidas en el proyecto común de la actual Andalucía. Y bienvenida sea la unión; pero hablemos de nuestra tierra, de la más próxima, la que labramos y no sólo la que pisamos como diría Antonio Machado. Hagamos un poco de justicia histórica con Granada en este día de Andalucía en que podemos pararnos a identificar, de manera festiva, nuestros particulares datos regionales. Sin duda también forman parte de la historia andaluza, pues es un orgullo saber que Granada fue la ciudad pionera en Andalucía en pedir el autogobierno para su región de influencia, hecho que advierte Antonio Gallego y Burín en la revista Renovación.

EN EL PASADO SIGLO

En 1876 Cánovas restableció la delimitación regional del art. 2 del Decreto de 30 de noviembre de 1833 aprobado por Javier de Burgos. En 1885 Segismundo Moret presentaría una propuesta de división del país en quince regiones que no llegaría nunca a ser aprobada. En ella se contemplaba la creación de la región de Andalucía Oriental con indiscutible capitalidad en Granada. Va a ser a finales del XIX, con especial pujanza en los últimos años del siglo, cuando grandes intelectuales como Paco Seco de Lucena o Juan Echevarría hablen de manera muy sonora y en foros muy diversos, de las bases y fundamentos para la existencia de una asamblea o mancomunidad de la Alta Andalucía.

Realmente piensa Juan Antonio Lacomba en su obra «Regionalismo y Autonomía en Andalucía (1835 – 1936)», que todo era una consecuencia diferida del movimiento cantonalista y de los postulados republicanos, pero lo cierto es, que con tímidas reivindicaciones unas veces y con airadas peticiones en otras, en el primer cuarto del presente siglo no dejó de hablarse de la que se dio en llamar «la Mancomunidad o Región de la Andalucía Oriental o la Alta Andalucía», que además de las cuatro tradicionales provincias de lógica inclusión, Granada, Málaga, Jaén y Almería, se extendió con algunas propuestas muy serias, hasta Murcia. Razones geográficas, políticas, administrativas, y por supuesto, más que ningunas, históricas, lo justificaban plenamente. Y fue por ello por lo que no faltaron voces que se alzaran constantemente reivindicándola, caso del acendrado granadinismo de Antonio Gallego y Burín, expresado en diferentes artículos de la revista Renovación a partir de 1919.

EL DIRECTORIO MILITAR

La crisis de la Restauración había conducido a una virtual imposibilidad de gobernar. Toda la actividad política se agotaba en obsoletos discursos parlamentarios. El Rey dudaba entre asumir un protagonismo que podría arrojar más descrédito sobre una monarquía que venía siendo objeto de creciente contestación o dejar que la situación se fuera degradando. El declive del régimen de la Restauración y el callejón sin salida en que se hallaba la institución monárquica al tiempo del gobierno de García Prieto, significaron el regreso a una práctica decimonónica que parecía olvidada: el pronunciamiento. Así, el 13 de septiembre de 1923 el Capitán General de la IV Región Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella, se pronunciaba en Barcelona confabulado con los más importantes militares del país. «El Manifiesto del General Primo de Rivera dirigido al país y al ejército» se publicaba en todos los diarios de la nación el día 15. Un documento que se iniciaba con un reconocimiento solemne de la ilegalidad que suponía la iniciativa militar y proseguía con una proclamación de los problemas que acosaban al país (la corrupción política, el enfrentamiento con el Ministro de Estado Santiago Alba, el elevado número de funcionarios públicos, el separatismo catalán y el regionalismo incipiente y, por supuesto, el enquistado conflicto de Marruecos) y las medidas que para su solución estaba dispuesto a aplicar de inmediato el nuevo ejecutivo golpista.

El día 15 de septiembre, al tiempo de abandonar Barcelona con destino a la capital del reino, el General Primo de Rivera concedía una entrevista en exclusiva a El Heraldo de Madrid que inmediatamente reproducían también todos los diarios españoles. En ella el nuevo presidente de Gobierno proclamaba la intención del Directorio Militar de realizar con urgencia una nueva división territorial de España que saciara los discursos regionalistas y que sirviera para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos desde la eficacia propiciada por la descentralización política y administrativa. Decía el general al efecto, lo siguiente sobre la nueva configuración territorial: «Haremos una nueva división administrativa, gubernativa, judicial y aún posiblemente militar de España, trabajo que encomendaremos a hombres doctos en geografía, historia y administración y arte militar, tendiendo a crear regiones robustas y con medios propios, ahorrando oficinas y personal y delegando el Estado en ellas importantes servicios que descargarán la Administración central; pero sin que los lazos patrios se relajen, ni siquiera se discutan; bandera, una para toda España: la española; y en cuanto a los idiomas regionales, no los perseguiremos porque tienen tradición, amor y belleza, pero incrementaremos el conocimiento y uso de la lengua castellana…».

INICIATIVA GRANADINA

Tras esta importante declaración de Primo de Rivera, la respuesta no se hizo esperar. Las fuerzas vivas de muchas ciudades españolas se dirigieron de inmediato al Directorio Militar exponiendo su pretensión de que la suya fuera la capitalidad de la futura región que habría de constituirse entorno a ellas, León, Oviedo, Santander, Valladolid, Alicante, Cáceres… pero Granada fue la primera en Andalucía en aquel momento, clamando de inmediato por ser la capital de la ya identificada como Mancomunidad de la Andalucía Oriental, comprensiva de las tradicionales cuatro provincias de Málaga, Jaén, Almería y Granada.

El 27 de septiembre de 1923 se publicaba en El Defensor de Granada una proclama política, firmada J. Rodríguez Contreras, con el título: «Granada, capital de Andalucía Alta». Tras una enérgica y minuciosa exposición de los derechos históricos y de las razones administrativas que justificaban la creación de la mancomunidad de Andalucía Oriental tantas veces reivindicada y de la ubicación de su capitalidad en Granada, concluía con unas palabras expresivas, del sentir que latía desde hacía años en el corazón de destacados intelectuales granadinos: «…Es llegado el momento de que a Granada se reintegre lo que legítimamente le pertenece; es preciso que todos los granadinos, dándose cuenta de que estos momentos son de una importancia y transcendencia indudables, aprovechen la oportunidad que le brindan los propósitos del Directorio nacional y ya que en ese organismo de gobierno tienen un representante, el dignísimo y pundoroso general Hermosa, acudan a él las corporaciones oficiales, las entidades, la prensa, los granadinos todos, pidiendo que se haga justicia a la Granada culta, laboriosa y gubernamental que aspira a que se respete su historia, sus instituciones tradicionales, para que se le considere como lo que es y como lo que fue: capital de una región; restableciéndole y reintegrándole de todo lo que se le privó en mal hora por el egoísmo de los políticos y pasividad de sus hijos».

Una entidad, la Cámara de la Propiedad Urbana, fue la primera corporación granadina en recoger el testigo brindado por las palabras de Rodríguez Contreras. Firmada por su presidente, Gonzalo Fernández de Córdoba, dirigía una instancia al Presidente del Gobierno y del Directorio Militar, Primo de Rivera, pidiendo para Granada la capitalidad de la inminente Mancomunidad de la Andalucía Oriental. Las razones y los fundamentos en que avalaba tal petición eran los mismos, idénticos, una copia de los expresados por Rodríguez Contreras en su alocución de El Defensor. Dicho periódico (también El Noticiero Granadino daba cuenta) reproducía literalmente el 3 de octubre el contenido del documento salido de la Cámara de la Propiedad Urbana, editorializando al día siguiente, el 4 de octubre, sobre el asunto. Lo hacía con gran júbilo y bajo un título sugestivo: «Por Granada. La nueva división territorial». Y lo expresaba con frases cargadas de sentido: «¿Cómo no apoyar con entusiasmo, si ya hemos pedido cosa análoga desde las columnas de El Defensor, la solicitud que ha dirigido al Presidente del Directorio militar la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Granada? El tema es tan interesante y tiene tal importancia para nuestra capital, que bien merece la adhesión de todas las entidades granadinas. No puede haber nadie en desacuerdo, y tampoco debe haber quien no levante ahora su voz para elevar razonada y respetuosamente hasta las esferas del Poder público, una aspiración tan justa y de tan vital interés. Está anunciada la reforma de la organización administrativa de España. Se va a proceder a una modificación regional como base para una nueva división del territorio español. Y se pretende que en esas se designe a Granada como capitalidad del grupo de provincias que forman la Andalucía Oriental. No creemos que sea inoportuna en estos momentos la expresión de estas aspiraciones. Por lo que puedan valer en el estudio de la nueva división territorial de España, que seguramente se hará con plena conciencia de las realidades españolas. Bien está la exposición de los anhelos granadinos. Desconocemos los planes de reorganización; pero estamos seguros que serán tenidas en cuenta todas las pretensiones justas. Y esta aspiración de Granada lo es. Cuando se reorganicen las regiones, Granada aspira a ser la capitalidad del grupo de provincias que constituyen su antiguo reino. Y de este modo, Andalucía quedaría dividida en dos regiones; Andalucía occidental, con Sevilla a la Cabeza, y Andalucía oriental con Granada. La división es lógica y la abonan razones de carácter histórico y geográfico»… Luego, vendrían las adhesiones de la Cámara Agraria, del Centro Artístico, la Universidad, la Diputación, El Ayuntamiento… la petición era imparable y unánime.

RAZONES HISTÓRICAS

En un artículo magistral por culto y expresivo, del regionalista Rafael Castejón, publicado en el Diario de Córdoba y que aparece reproducido en El Defensor de Granada el 24 de noviembre de 1923, se exponen minuciosamente las irrefutables razones históricas de Granada a ser capitalidad de su propia región. Se da cuenta también de la primogenitura granadina en la reivindicación regionalista y se expresa el egoísmo de las fuerzas sevillanas al pedir la capitalidad de «toda Andalucía» y no sólo de Andalucía occidental. Por el contrario se lamentaba Castejón de la inoportuna e indebida petición de una capitalidad, por irreflexiva, que su ciudad –Córdoba– había hecho, en la que en vez de aspirar a la capitalidad de la región occidental, consciente de que ello era una causa perdida frente a Sevilla, se había atrevido a pedir la capitalidad de Andalucía oriental, sin que razones históricas, políticas o administrativas algunas, lo avalasen, habiendo llegado tal petición cordobesa a solicitar, además de la capitalidad oriental, la de la zona occidental, la de toda Andalucía, e incluso de La Mancha.

El día 19 de febrero de 1924 El Defensor de Granada daba cuenta de la aprobación días antes por la asamblea de la Diputación Provincial de Granada –en clara conmemoración del aniversario de la I República Española que nació el 11 de febrero de 1873– de las bases para la elaboración del Estatuto de Autonomía de la Mancomunidad de Andalucía Oriental.

El texto constaba de 8 bases, tituladas, Fundamento de la Mancomunidad, la Mancomunidad y la Patria, la Unidad Política y Administrativa, la Descentralización de la Asamblea de la Mancomunidad, Recursos de la Mancomunidad, Fines Administrativos de la Mancomunidad, Descentralización de los Servicios y Fines Sanitarios, en las que se contenían los principios inspiradores del que habría de ser la futura norma estatutaria constituyente.

Los contenidos de aquellas bases leídas hoy día son de una sonoridad jurídica y política excepcional. Así, la base primera decía: «Esta Mancomunidad integrada por las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, se constituye conforme a las disposiciones legales por la libre voluntad de sus Diputaciones y tiene como base única la continuidad y la unidad territorial, y como fundamentos morales una larga tradición histórica y una semejanza espiritual en su población que permite considerarla como una gran familia regional». Continuaban la manifestación de la unidad indisoluble de la región de Andalucía Oriental con las demás regionalidades españolas, la fijación de la capitalidad en Granada, la exposición del Consejo Permanente, la Presidencia, la sede rotativa de la Asamblea regional, los recursos financieros, los fines culturales, económicos, sanitarios, etc. El esqueleto jurídico de la que habría de ser la futura región, como al día siguiente, 20 de febrero de 1924, decía El Defensor de Granada en su editorial.

SIN RESPUESTA

Igual discurso regionalista que el de Granada se produjo por todo el territorio nacional. Razones muy diversas, en especial las fuertes tensiones de la burguesía industrial y los restos de los grandes partidos políticos predictatoriales, acabaron con las aspiraciones de una nueva división del territorio conforme a la cual habría nacido la región de Andalucía Oriental. A la postre la historia jurídica española nos cuenta que el Gobierno de Primo de Rivera tan sólo aprobaría una norma de modificación del territorio español, el Decreto de 21 de septiembre de 1927, sobre división de la provincia de Canarias en dos, con la denominación de sus respectivas capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El Regionalismo granadino, como el de otras regiones del país, fue poco a poco siendo relegado, quedando sin respuesta.

César Girón

Suplemento dominical del diario Ideal, 28-2-1999