(A favor de una Andalucía Oriental autónoma o por la reestructuración eficiente del territorio.)

A la pregunta: ¿Quién garantiza la buena gestión de los ayuntamientos?, habría que añadir esta otra: ¿Y la del Estado? El Estado no es en absoluto modelo de buena administración, pues gasta, dilapida y vive en continuo déficit. Tiene una administración auténticamente caótica, de todos sus contratos con los interesados suele ser juez y parte a la vez. Es el león tópico de la fábula milenaria. ¿Es posible que a estas alturas aún queramos que siga siendo tutor de provincias y municipios quien tanto necesita de custodios y guardadores? La única garantía de la gestión del Estado y de los intereses municipales y provinciales (añadiendo ahora las comunidades autónomas) no puede ser otra que el pueblo.

Las actuales provincias son segregaciones arbitrarias concebidas por el Estado unitario del Antiguo Régimen. Convendría recordar que fue por Decreto gubernamental (¡qué atrocidad jurídica!) como se aprobó allá por 1833 la definitiva división provincial, la cual debemos a un burócrata de Motril. Para ello se parte de los antiguos reinos, alguno de los cuales, caso de Navarra y el País Vasco, conservan intactos sus antiguos amojonamientos.

En la Segunda República se intentó suprimir la provincia como entidad territorial, pero la enmienda se rechazó y la provincia volvió a salir victoriosa y aceptada por toda la nación.

Con nuestro actual Texto Constitucional se crea un nuevo nivel administrativo-territorial: la comunidad autónoma. Pero la norma suprema no fija criterios materiales para esta nueva división territorial. La única razón evidente para su génesis es la historicista, y consecuencia de este criterio totalmente insuficiente y flaco, marginando los aspectos geográficos, demográficos y demás, es el actual mapa político de las autonomías, auténtico ejemplo de desequilibrio desde la perspectiva del territorio, el número de habitantes y su economía.

La falta de uniformidad y buen criterio, acompañado de la ignorancia o falta de conciencia política de algunas comunidades (como es el caso de Murcia, La Rioja, Madrid, Andalucía…), ha hecho posible que ese desequilibrio provincial de que hablamos, en lo que puede suponer de perjuicio para muchos municipios integrantes de la entidad provincial, campe por sus fueros dieciochescos y afrancesados, pues nunca debemos olvidar que la corporación provincial española lleva el sello departamental francés. Asimismo debemos recordar que los municipios fueron las primeras sociedades eminentemente políticas y que antes de constituirse lo que hoy llamamos y consideramos nación española, formaron parte de reducidas entidades que tomaron el nombre de provincias.

El municipio, esto que nadie lo dude, es la entidad política por antonomasia. En él llegamos a este mundo, en él nos desenvolvemos como ciudadanos, en él nos formamos, nos socializamos, nos debatimos la vida, en él algún día nos darán sepultura y, por lo tanto, a él pertenecemos. En ninguna otra célula social nos sentimos tan unidos con los demás. Ni por la nación, ni por la región, ni por la provincia estamos dispuestos a contraer los mayores compromisos como por nuestro municipio. Los ingleses saben esto muy bien. Que alguien me diga si en el gobierno del municipio no miramos siempre con enojo y desconfianza la ingerencia de autoridades extrañas y faltas de ánimo, o lo que es lo mismo, esos visitantes ocasionales que hacen las veces de alcaldes de verano y que tanto abundan por estas fechas vacacionales.

Es cierto que con la caracterización del municipio como entidad local básica continuamos rindiendo tributo a aquel concepto naturalista que siempre ha estado presente en nuestra legislación administrativa. Si los municipios son algo natural por esencia, cualquier mínima reforma de su estructura deviene un grave atentado al orden pre-establecido, de lo que se deriva una actitud de respeto, que toca en lo sagrado, a los municipios existentes y a la división territorial que les sirve de soporte, frenando, por tanto, cualquier intento de reestructuración de la administración local. Pero… ¿cómo podrá ser eso si hasta las fronteras de los países más serios están en perpétuo cambio? Y es un hecho que ese incesante fluir heraclíteo es la única realidad, querámoslo o no reconocer.

Con todo lo expuesto hasta este punto es fácil entender cómo esa mota en el mango de la sartén granadina llamada Puebla D. Fadrique (y otras muchas más desperdigadas por toda la piel de toro) ha sido víctima, en este proceso de creación territorial, de la mala reflexión, de la falta de tacto político y de la pura arbitrariedad de los gobernantes pasados y actuales, a los cuales parece habérseles agotado el pensamiento político crítico (quiero decir,creativo), pues no en vano al vecino de Puebla D. Fadrique de siempre le ha sido más fácil, cómodo y natural contactar con las autoridades territoriales de la provincia-región de Murcia que con las de Granada o Andalucía. En los aspectos geográfico, económico y cultural se simpatiza más con la tierra del pimiento que con la del chavico. ¿Es pedir este derecho a la identidad territorial, establecido por la Constitución en su artículo 141.1, poner el grito en el cielo e intentar sembrar un pánico político? No lo creo así. En cuestiones de religión y de política todo lo novedoso parece malo a simple vista, todo cambio produce temor. Sin embargo, ese pánico cesa, no a medida que se ocultan los principios, sino a medida que los vamos comprendiendo y haciéndolos nuestros.

Félix Rodriguez Romero
ABOGADO

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